La Sociedad de Derecho de Uganda y la Sociedad de Derecho de África Oriental impugnaron ante los tribunales la llegada de una docena de personas deportadas desde Estados Unidos. Los juristas calificaron el proceso como un acto de represión transnacional y una práctica deshumanizante derivada de los acuerdos alcanzados por las autoridades de ese país con la Administración de Donald Trump.

El grupo de deportados aterrizó este jueves en el aeropuerto internacional de Entebbe en un avión privado. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los trasladados. Este es el primer caso confirmado de transferencia de inmigrantes desde suelo estadounidense hacia este país africano bajo la política de deportación a terceros países practicada por la Casa Blanca como parte de su estrategia antinmigrante.

BREAKING: Uganda Law Society and @ealawsociety confirm the arrival at Entebbe Airport this morning of a dozen people forcibly removed from the United States (in the name of deportation) and effectively dumped in Uganda through an undignified, harrowing and dehumanising process,… pic.twitter.com/rlccSWRwwU

— Uganda Law Society (@ug_lawsociety) April 2, 2026

El acuerdo con Uganda, confirmado en agosto pasado como temporal, prioriza a deportados africanos y prohíbe la recepción de menores no acompañados o personas con antecedentes. Pese a estas condiciones, grupos legales denuncian que el pacto vulnera los derechos humanos al externalizar la política migratoria de EE.UU. en regiones vulnerables.

Los defensores legales solicitaron reparaciones judiciales para frenar lo que denominan una ilegalidad internacional patente. Anthony Asiimwe, vicepresidente de la Sociedad de Abogados de Uganda, señaló que estas acciones forman parte de un proyecto autoritario que fomenta el despotismo en la región.

El jurista afirmó que eventos como este evocan un pasado oscuro que contradice el principio de igualdad humana, obligando a su organización a oponerse formalmente al proceso. Según su denuncia, la militarización de la sociedad en Estados Unidos otorga una carta blanca a democracias capturadas en África para ejercer una represión sin controles.

LEA TAMBIÉN:

Administración Trump detiene a 379.000 inmigrantes en su primer año

Organizaciones internacionales y críticos de la medida recuerdan que el Gobierno de EE.UU. ha señalado previamente a Uganda por violaciones de los derechos humanos. Actualmente, Uganda alberga a 1.7 millones de refugiados provenientes de naciones vecinas como la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

La Administración Trump estableció convenios similares con al menos seis naciones africanas, incluyendo a Guinea Ecuatorial, Ghana, Ruanda, Eswatini y Sudán del Sur. Aunque no se ha confirmado el monto específico recibido por Uganda, se conoce que estos acuerdos implican transacciones millonarias para el financiamiento de los traslados.

Entre los pagos registrados destacan 7.5 millones de dólares otorgados a Guinea Ecuatorial, seis millones a El Salvador y 5.1 millones a Eswatini.

Senadores demócratas estiman que se han destinado al menos 40 millones de dólares en incentivos financieros para que terceros países acepten a los expulsados. Estos fondos se desembolsan frecuentemente antes de que los vuelos, cuyo costo operativo en aviones militares alcanza los 32.000 dólares por hora.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump ha impulsado un programa de deportación masiva. Estadísticas gubernamentales indican que al menos 675.000 personas han sido removidas bajo su gestión hasta enero y se han verificado casos de violaciones de derechos humanos y muertes de migrantes bajo custodia del ICE.

Pese a que la Casa Blanca defiende la legalidad de los traslados basándose en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, tribunales inferiores en EE.UU. han dictaminado que esta política podría infringir el debido proceso de los inmigrantes, enviándolos a naciones donde no poseen vínculos, no conocen el idioma, están alejados de familiares y se complejiza el acceso a respaldo legal.

EN ESTA NOTA: